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Cae una red española que vendía armas a delincuentes y terroristas

El hombre que en febrero pasado encargó presuntamente el asesinato de Félix Martínez Touriño pagó 3.000 euros al colombiano Yader Jair Castro para comprar la pistola y llevar en coche desde Madrid a Barcelona al sicario que ejecutó el crimen por encargo. El arma, una pistola coreana, la consiguió sin dificultad en el mercado ilegal. Esta semana, la Guardia Civil y la fiscalía del crimen organizado de Barcelona han asestado un duro golpe a uno de los principales suministradores de armas a delincuentes e incluso terroristas corsos. Los investigadores tratan de averiguar ahora si también habían servido a ETA.

La Guardia Civil ha detenido por el momento a seis personas, entre ellas los dueños de la armería Arminse de Viladecans (Baix Llobregat), según confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes de la investigación. Los agentes calculan que el grupo vendió hasta 3.000 armas cortas solo en los últimos dos años.

LA PISTA HOLANDESA / La investigación, que tutela el juzgado número 3 de Gavà, se inició hace un año cuando Holanda comunicó que en dos homicidios cometidos en el país se habían utilizado armas procedentes de la armería catalana Arminse. Entonces los investigadores comprobaron que el establecimiento presentaba a la inspección de armas de la Guardia Civil un exagerado número de armas inutilizadas para que fueran dadas de baja.

Nada más y nada menos que más de 3.000 armas en los últimos dos años, que, según las pesquisas, la armería vendía después al clan de narcotraficantes Gabarri de Castellón por 1.000 euros la unidad. Después, el clan las revendía a otros delincuentes tras deshacer la inutilización mecánica que impedía que funcionaran.

En Castellón, la Guardia Civil ha detenido a otras tres personas y se ha incautado de decenas de armas en un taller que, al cierre de esta edición, continuaba siendo inspeccionando. Las otras dos detenciones se realizaron en Logroño en otra armería que, según las mismas fuentes, se encargaba de las relaciones internacionales y era la encargada de facilitar los encargos de compradores de fuera de España.

LIMPIAS Y SIN HUELLAS / El clan de los Gabarri cobraba entre 2.500 y 3.000 euros por cada arma, después de rehabilitar el revólver o la pistola y eliminar cualquier señal de procedencia para tener un arma limpia, es decir, sin rastros que permitieran deducir su procedencia.

«Ahora viene la parte más importante de la operación», explicó a este diario un investigador, porque el análisis de las armas intervenidas y el rastro de las que se vendieron podrá aportar nuevas pistas sobre crímenes pendientes de resolver.

En Sevilla ya hay indicios de que un asesinato reciente se realizó con un arma vendida por los ahora detenidos. En los tres locales registrados por la Guardia Civil también se ha recopilado abundante información que permitirá seguir el rastro de los compradores de armas.

El Periodico